SOBRE LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ALQUILER DE VIVIENDA
COMUNICADO DEL PCE Y LA UJCE SOBRE LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ALQUILER DE VIVIENDA.
El Gobierno del PSOE ha anunciado una serie de medidas en materia de alquiler de vivienda, que consideramos no solo insuficientes, si no que no serán efectivas a la hora de garantizar el acceso a un bien de primera necesidad, como es la vivienda, y poner coto a la especulación.
El régimen del 78 sigue sin ser siquiera capaz de garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que solo es invocada por algunos para anteponer el pago de la deuda a cualquier otro derecho o de cercenar derechos fundamentales.
Entre las propuestas planteadas está la construcción de 20.000 nuevas viviendas.
A este respecto es importante recordar que hay tres millones y medio de viviendas vacías según los datos de la última encuesta del INE. Estas viviendas se encuentran en manos de entidades bancarias, inmobiliarias y financieras (entre ellas los llamados fondos buitres), muchas de ellas rescatadas con dinero público. Con una densidad de población tan baja como la que tenemos y una cantidad tal de viviendas vacías resulta ilógico seguir invirtiendo en la construcción de nuevas viviendas.
Frente a la construcción de vivienda nueva, por tanto, planteamos recuperar esas viviendas que actualmente son titularidad de las entidades financieras rescatadas por todas y todas, mediante los mecanismos de cesión, reversión o expropiación, situando su precio en el costo de construcción. Integrando todos esos inmuebles en un parque público de vivienda en alquiler.
Además de ser una herramienta útil para controlar de forma efectiva los precios, acabaría con la posibilidad de especulación y sería más rápida, pues esas viviendas ya existen. Estas viviendas deben ofrecerse a precios fijos, allá donde sea necesario (no sólo donde la especulación se haya cebado con los precios), que en ningún caso supere el 20 % de los ingresos familiares.
Y especial y urgente atención merecen las cientos de miles de personas sin recursos y las jóvenes que merecen poder desarrollar un proyecto de vida digna.
Respecto a la propuesta de incentivos fiscales para los propietarios, teniendo en cuenta como hemos ya analizado que la mayor parte de las viviendas vacías están en manos de entidades financieras, los “grandes tenedores”, es evidente que lo que menos hay que fomentar es que paguen aún menos impuestos. Precisamente para que las viviendas se pongan en circulación es necesario sancionar la tenencia de vivienda vacía, para lo que es imprescindible desarrollar una nueva ley de vivienda que recoja estos conceptos y los unifique para su aplicación en todo el país.
Por lo que se refiere a la propuesta de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con la vuelta a la regulación anterior que establecía los cinco años de duración del contrato de arrendamiento frente a los tres aprobados por el PP, limitar las fianzas y proteger a las personas inquilinas en caso de venta de la casa, aunque suponen avances frente a la situación actual son absolutamente insuficientes.
El PCE y la UJCE planteamos:
1.- Proteger a las inquilinas de los abusos cotidianos en materia de alquiler. Es preciso garantizar condiciones de habitabilidad dignas.
2.- Limitar los precios de alquiler con baremos administrativos.
3.- Ampliar más la duración de los contratos.
4.- Impedir el desahucio mientras el arrendatario no tenga una solución habitacional.
Por otra parte, se han anunciado también ayudas al alquiler y la compra aprobadas en el Plan de Vivienda 2018-2021. Este tipo de ayudas se han venido demostrando ineficaces pues se trata de transferencias de dinero que van directamente de las arcas públicas a los beneficios privados. No se trata de pagar a toda costa los precios desorbitados de las viviendas, si no de controlar esos precios para evitar los abusos. Esta medida es por tanto no sólo ineficaz si no que sigue contribuyendo al trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital mediante aportaciones públicas, es decir, lo de todas y todos nuevamente al servicio de los intereses financieros.
El movimiento en defensa de la vivienda digna lleva años reivindicando una nueva ley de vivienda. La última ILP, que fue vetada por el PP y Cuidadanos, tiene una nueva oportunidad de ser debatida en el Congreso. Debe ser el inicio de un debate profundo y transversal en torno al modelo de acceso a la vivienda que tenemos en España, así como de las medidas más urgentes que deber ser ya adoptadas: el fin de los desahucios sin alternativa habitacional, la creación de un parque de vivienda público con alquileres sociales, la regulación del alquiler asequible y estable y el fin de los cortes de suministros.
El PCE y la UJCE reiteramos nuestro total apoyo a las medidas que se plantean desde el movimiento por el derecho a la vivienda digna y seguimos exigiendo que se garantice el acceso a la vivienda como derecho básico y fundamental de toda persona.
¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO!
