Habrá piquetes coactivos y violentos
Álvaro Níkel.
Por una parte, el presidente de la Patronal Díaz Ferrán no para de echar gasolina al fuego de la Huelga a través de declaraciones que instan a sus asalariados a denunciar a los compañeros de trabajo que realicen piquetes, al gobierno a usar toda la fuerza policial necesaria para detener y disolverlos, y a las fuerzas políticas a considerar la prohibición del derecho a informar de la convocatoria de huelga pues “los piquetes informativos se convierten siempre en coactivos”.
Así, mientras la legalidad burguesa permite y ampara que los empresarios puedan ir preguntando uno a uno a sus trabajadores si van a ir a trabajar el 29 de septiembre (ojo, sin coacción ninguna, sólo por información…), las condiciones materiales que nos llevan a la Huelga ponen muy difícil a miles de trabajadores ejercer su derecho (contratos temporales que pueden no renovarse si se falta a trabajar un día de huelga, hipotecas asfixiantes que ponen muy cuesta arriba perder el salario de una jornada, etc.), al mismo tiempo pretende sancionar y criminalizar la respuesta del proletariado organizado condenado a la lucha para defender derechos conquistados a base de sudor y sangre.
Con todo, la CEOE se permite incluso hablar de garantizar el “derecho al trabajo” mientras cuenta con un ejército de mano de obra de reserva de más de 40 millones de personas que abarata contratos y aumenta su plusvalía, olvidando todos los días del calendario que no son 29-S en los que el sistema capitalista impide sistemáticamente este derecho, y tratando de vender que somos las fuerzas obreras quienes atentamos contra él cuando paramos nuestras herramientas para protestar contra la violencia estructural de la dictadura de mercado.
En un modelo basado en la explotación del hombre por el hombre, en donde los dueños de los medios de producción y sus ansias de riqueza han provocado una crisis que nos hacen pagar duramente sin que sus privilegios se vean recortados ni de una forma testimonial, los partidos políticos del poder y su mayoría parlamentaria se ponen al servicio de los dictados de los poderosos, desvinculándose del pueblo que los eligió y convirtiéndose en meros gestores de un sistema que pone de relieve el mito de la democracia representativo-burguesa.
No es de extrañar, pues, que desde los partidos del capital se haya buscado minimizar el efecto de la Huelga imponiendo unos servicios mínimos abusivos como piquetes coactivos anti-sindicales. Ejemplo paradigmático es el gobierno de la Comunidad de Madrid, del que conocemos hoy que ha perdonado dinero a Madrid- Visión (una de las empresas de Díaz Ferrán), y que ha decretado servicios “mínimos” del 50% en hora punta, lo que impedirá por decreto el derecho a huelga de la mitad de los trabajadores.
Así pues, las clases populares no sólo tenemos el derecho de un paro general contra las políticas antidemocráticas de imposición neoliberal, sino también la legitimidad y obligación de realizar todo lo que esté en nuestra mano para luchar contra la violencia y la coacción de un sistema que a través de sus leyes y funcionamiento material nos priva de un derecho que no sólo se defiende ejerciéndolo, sino también haciéndolo efectivo allí donde se nos impide.
Tomado de agitacion.org
