Esta propuesta junto a otras que se están planteando desde el gobierno, como la reforma educativa o la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, nos muestran las verdaderas intenciones de la derecha en el gobierno, quien además de legislar en beneficio de los intereses del capital especulativo y financiero, de priorizar el pago de la deuda a la creación de empleo y hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre las/os trabajadoras/es y en especial sobre las mujeres, pretenden retrotraernos a los tiempos del nacionalcatolicismo en materia de derechos y libertades satisfaciendo así las exigencias de los sectores más reaccionarios de la derecha y, en especial, los de la Conferencia Episcopal.
Retroceder a la ley de supuestos de 1985 o a una ley aún más restrictiva, es un paso atrás en las conquistas del movimiento feminista y progresista de nuestro país, significa volver a tutelar el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, lo que supone un claro retroceso en la igualdad de género al no reconocerse el derecho de las mujeres a decidir libremente.
Retroceso es también que sea desde el Ministerio de Justicia y no desde el de Sanidad desde dónde se propongan medidas en torno a dicha Ley, lo que significa volver a blandir el código penal contra el derecho de las mujeres a decidir libremente.
Según las últimas investigaciones de la OMS, “cualquier retroceso de la legislación en materia de aborto expone a las mujeres a un mayor número de abortos inseguros y clandestinos, arriesgando con ello su salud y su propia vida, ya que la mujer que desea abortar lo va a hacer en cualquier circunstancia, con cobertura legal o sin ella”.
Desde el PCE llamamos a las mujeres y a todos los sectores progresistas de nuestro país a movilizarse en contra de cualquier retroceso en la legislación que socave los derechos que las mujeres hemos conquistado y a hacer del próximo 8 marzo una gran jornada de movilización en defensa de los derechos económicos y sociales de las mujeres hoy amenazados por las reformas económicas y en materia de derechos y libertades de la derecha reaccionaria.
Desde el PCE continuamos reivindicando una reforma de la actual Ley que de manera real y efectiva normalice la práctica del aborto como prestación sanitaria en la red sanitaria de centros públicos.Que se garantice la equidad territorial mediante la elaboración de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública.
Que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario garantizando, en todo momento, la efectividad de esta prestación.
Que se realice un seguimiento médico protocolizado después de la IVE con el fin de fomentar prácticas sexuales seguras entre las mujeres y los hombres.
Que se despenalice en su totalidad.
Por último, frente a la pretensión del gobierno del PP de reformar también las condiciones legales de la IVE en lo referente a las menores de edad:
- compartimos la opinión de ACAI de que “las mujeres de 16 y 17 años que no pueden comunicar su decisión al tutor legal representan tan solo un 0’41% de las mujeres que abortan, sin embargo este colectivo de menores representan a un grupo altamente vulnerable. Mujeres que provienen de familias desestructuradas, en riesgo social, que sufren maltrato en el seno familiar o abusos, siendo en algunos casos el propio embarazo consecuencia de ese abuso. O bien menores inmigrantes que están solas en el país y que no pueden contactar con sus familias. Eliminar por tanto, la salida legal que actualmente ofrece la ley a esas mujeres es abocarlas a un posible aborto ilegal, donde evidentemente su salud se verá perjudicada”.
- Consideramos que el requisito del segundo párrafo del art.13. Cuarto, de la actual ley debe ser suprimido
¡Ni un paso atrás!
¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!
Cristina Simó
Secretaria Mujer PCE
