Contra el peaje sanitario a los inmigrantes sin papeles
El PCE ya rechazó de manera tajante el retroceso en el reconocimiento al derecho a la salud para los inmigrantes sin papeles en el real decreto ley aprobado en abril, una medida inmoral, que viola normas básicas de derechos humanos y que supone un ataque más al derecho a la salud universal en nuestro país.
Ahora, el Gobierno del PP, parece querer ir más allá en su lógica de recortes y privatizaciones.
Para sortear las críticas recibidas y los posibles recursos de inconstitucionalidad, el Ministerio de Sanidad ha propuesto una orden ministerial en la que plantea el pago de una cuota a los inmigrantes sin papeles para que estas personas puedan ser atendidas en el sistema público de salud, aunque añade dos requisitos adicionales:
• Un año de empadronamiento en España. Recordemos que la anterior normativa establecía como único requisito el hecho de estar empadronado (medida ya de por sí restrictiva y que generaba situaciones de exclusión de hecho).
• Y no ser beneficiarios de un sistema de sanidad pública. Planteamiento surrealista ante la situación en la que se encuentran los inmigrantes sin papeles en nuestro país.
La rectificación del Gobierno es una prueba de la enorme inmoralidad y la ilegalidad cometidas, al mismo tiempo que del rechazo y la protesta social de la ciudadanía y los profesionales de la sanidad en una movilización ejemplar. Pero al mismo tiempo conlleva una nueva tropelía contra el derecho a la salud universal y contra nuestro sistema sanitario por varias razones:
• Pretende blindar desde un punto de vista legal y justificar socialmente la exclusión del sistema sanitario de un colectivo importante de personas.
• Profundiza en el proceso de privatización de la sanidad pública.
• Impone un sistema a las Comunidades Autónomas (que tienen las competencias en materia sanitaria) para evitar que algunas de ellas eludan la aplicación de la exclusión al derecho a la salud.
¿Y no sería más justo y sencillo facilitar la documentación de los miles de inmigrantes indocumentados en nuestro país? Se construye un sistema irracional, costoso y discriminatorio, que generará exclusión y sufrimiento.
Con todo, lo más preocupante es la justificación xenófoba de los portavoces del PP, que han señalado como “solución final” la expulsión de todos los inmigrantes ilegales; esta salida de tono racista, ante las dificultades en imponer su hoja de ruta recortadora, es una edición más del guion interpretado por los grupos más derechistas y racistas en la Unión Europea.
Por todo ello, el PCE reclama, como primera medida, la derogación del real decreto ley 16/2012 e insiste en la necesidad de construir entre todos y todas un nuevo modelo de ciudadanía basado en la universalidad de los derechos humanos; un internacionalismo que evitará que grupos fascistas pretendan engañar con el señuelo de falsos chivos expiatorios y, a la vez, permitirá identificar al único responsable de la actual crisis: el capitalismo depredador.
La Secretaría de Migraciones del PCE llama a la participación activa en las iniciativas de movilización y objeción de conciencia, las cuales tendrán un momento álgido el próximo 1 de septiembre con la entrada en vigor de la modificación normativa que elimina el derecho universal a la asistencia sanitaria. Asimismo, anima a los grupos parlamentarios y municipales de Izquierda Unida a impulsar iniciativas de rechazo a estas medidas, proponiendo como alternativa la eficacia universal del derecho a la salud en los diferentes ámbitos.
