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El Consejo de la Juventud exige que los pisos protegidos no se entreguen en propiedad

Reclama a todas las instituciones vascas que penalicen las residencias vacías y que pongan en marcha «un potente parque público de alquiler

El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) -una plataforma creada por el Parlamento de Vitoria y que agrupa a asociaciones, ONG, partidos y sindicatos- exigió ayer a las administraciones vascas que pongan fin a la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) y de pisos tasados en propiedad. En su opinión, recogida en un informe sobre 'Jóvenes y vivienda', el Gobierno autónomo, los ayuntamientos y las diputaciones sólo deben entregar pisos de alquiler protegido. Y, además, deben penalizar las residencias vacías, pues «son un lujo inadmisible» que debe sufrir un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o pagar un canon autonómico. «El derecho a la vivienda es más vulnerado hoy que hace dos años. Hace falta un pacto interinstitucional, una política de país, para garantizar ese derecho, que debería ser exigible ante los jueces», declaró Igor Mera, portavoz de EGK.

«Emergencia social»

El Consejo de la Juventud culpó a todas las instituciones vascas -a cada una en su ámbito de competencias- de no haber introducido cambios sustanciales en sus políticas de vivienda mientras el mercado inmobiliario se disparaba. «Ahora nos encontramos en una situación de emergencia social», resumió Mera. El informe de EGK (www.EGK.org) recuerda, por ejemplo, que 145.000 vascos aspiran a conseguir su primera residencia, incluyendo tanto a las personas que quieren independizarse (93.308), como a las que desisten de hacerlo porque no tienen ningún recurso.

Igor Mera no sólo aludió ayer a la frustración de los jóvenes que no encuentran un piso asequible, sino a los problemas que afrontan quienes lo han comprado o arrendado. «Muchos proyectos de vida están condicionados por el precio de los alquileres y por la subida de los tipos de interés, que incide sobre las hipotecas», explicó Igor Mera.

 
El Consejo de la Juventud es un órgano al que el Gobierno vasco consulta para la elaboración de sus planes de vivienda. Ayer formuló trece propuestas sobre esa materia, entre las cuales figura la de suprimir no sólo las VPO en propiedad, sino los pisos tasados, una modalidad algo más cara que la an- terior y que ha sido escogida por la Diputación vizcaína para sus promociones. «Las VPO en propiedad se autofinancian -indicó Igor Mera-. Las instituciones adelantan el dinero, pero luego lo recuperan. Con las tasadas, encima salen ganando. Sirven para maquillar las estadísticas de construcción pública, pero sin invertir un duro».

El portavoz de EGK denunció que las adjudicaciones de pisos en propiedad crean agravios comparativos, pues, a fin de cuentas, las instituciones están utilizando sus recursos para «patrimonializar» sólo a unos cuantos ciudadanos. Por ese motivo, según el Consejo de la Juventud, la cuestión no es suprimir los sorteos de VPO y reemplazarlos por el sistema de baremo, como propone el Ararteko, sino conseguir que todas las instituciones incrementen el gasto de forma sustancial para poner fin a los agravios. «Sólo un potente parque público de alquiler puede resolver este problema», concluyó Igor Mera.

Algunas ideas planteadas por EGK coinciden con las iniciativas del Gobierno vasco, como la penalización de los pisos vacíos o el reconocimiento efectivo del derecho a la vivienda ante los tribunales. Sin embargo, el Consejo reprochó a la consejería de Madrazo que sus inversiones son insuficientes y «no están a la altura» de las necesidades ciudadanas. Y le recuerda que no ha cumplido sus objetivos con las viviendas de alquiler social.

Igor Mera denunció que, mientras el Gobierno vasco destinó 177 millones de euros al capítulo de vivienda en 2006, las deducciones del IRPF aplicadas por las Haciendas forales a la adquisición de residencias libres ascendieron a 511,9 millones. Según el Consejo de la Juventud, esa política fiscal ha restado recursos a las instituciones y acentuado la subida de precios en el mercado inmobiliario. «La vivienda tiene que quedar fuera del juego partidista y de las disputas competenciales entre las instituciones», concluyó Mera.