El PCE ya rechazó de manera tajante el retroceso en el reconocimiento al derecho a la salud para los inmigrantes sin papeles en el real decreto ley aprobado en abril, una medida inmoral, que viola normas básicas de derechos humanos y que supone un ataque más al derecho a la salud universal en nuestro país.
Ahora, el Gobierno del PP, parece querer ir más allá en su lógica de recortes y privatizaciones.